Cada vez son más las quejas de empleados y ciudadanos que está recibiendo el Comité de Empresa respecto a la opacidad, subjetividad e inseguridad de los diferentes concursos del Banco de España.

Por ello, en una reunión con la Administración celebrada el pasado mes de abril, el Comité planteó toda una batería de medidas para intentar mejorarlos: publicación en las bases de los porcentajes de baremación, limitación del porcentaje de las entrevistas, fijación de los programas de los concursos con detalle de las materias, publicación de las notas de los ejercicios y posibilidad de revisión de los mismos, mayor participación de los representantes de los trabajadores en todas las fases del concurso, etc.

 

Los responsables de RR.HH. rechazaron todas y cada una de las peticiones de mayor transparencia y objetividad, argumentando que ellos no consideran que deban mejorarse. Únicamente manifestaron que intentarían mejorar la información sobre los programas de los concursos, sin comprometerse a alcanzar ningún acuerdo.

La Administración del Banco es la competente de manera exclusiva en la convocatoria y organización de los concursos. Sin embargo, la obligación de garantizar la igualdad e imparcialidad en el acceso al empleo público, en cumplimiento de los principios de mérito y capacidad establecidos en los arts. 23.2 y 103.3 de la Constitución, es competencia de todos y cada uno de la decena de miembros que componen los tribunales de cada concurso, incluido el representante de los trabajadores.

En el actual concurso de letrado asesor (anuncio 17/2011), el representante del personal solicitó, expresamente y por escrito, estar presente en todas las fases de valoración de méritos, así como acceder a la documentación de los concursantes para poder verificar cosas tan simples como que no había ningún error en las listas de los concursantes que superan cada fase y de los que no la superan o una diferencia de trato irracional entre los evaluados. El resto del Tribunal denegó esta petición, circunscribiendo la presencia del representante de los trabajadores a las reuniones plenarias del propio Tribunal e impidiendo de esta manera que el representante del personal esté presente en las reuniones de las comisiones delegadas por el Tribunal, que corrigen y clasifican los exámenes y/o valoran las entrevistas para elaborar las diferentes listas de aprobados y no aprobados. En consecuencia, se ha optado por retirarnos de éste proceso de selección.

El representante de los trabajadores en los tribunales de los concursos, con 1 único voto sobre 10, no tiene capacidad efectiva de ser determinante en la toma de decisiones. Su papel fundamental es velar porque se cumplan los principios de igualdad de oportunidad, capacidad y mérito, y no se discrimine a ningún concursante. Sin embargo, si se le impide acceder a la documentación de todos los concursantes y a la valoración de las entrevistas, se le está imposibilitando comprobarlo directamente y su participación en el concurso se limitaría, simple y llanamente, a realizar un acto de fe con las actuaciones de los responsables nombrados por la Administración. Esta situación se agrava cuando, de un tiempo a esta parte, la Administración del Banco convoca cada vez más concursos cuya resolución se basa única y exclusivamente en la valoración de la documentación aportada por los concursantes y en las entrevistas personales.

La Dirección del Banco de España debería fomentar la mayor transparencia y objetividad en la selección e ingreso de los empleados a esta institución. A pesar de todo, con la decisión tomada en este reciente concurso se aumenta la opacidad de los procesos de ingreso, se impide la comprobación de que se cumplen los principios de igualdad de oportunidad, capacidad y mérito, y además conlleva la indefensión de los ciudadanos y trabajadores que participan en las oposiciones. Por todo ello, el Comité Nacional de Empresa del Banco de España ha recomendado a todos los representantes de los trabajadores que no validen con su firma ningún acta de resolución de estos concursos, en que no se les haya permitido participar sin restricciones y comprobar el correcto desarrollo del concurso, para que su firma no sea utilizada en contra de la reclamación que cualquier ciudadano o trabajador pudiera interponer.