Ya conocerás por los medios de comunicación que el sábado pasado se publicó el Real Decreto-Ley 3/2012, con la Reforma Laboral del Gobierno, en vigor desde el día siguiente a su publicación.

Analizando por encima las implicaciones que pueda tener la Reforma aplicada a nuestra peculiar normativa laboral, supone dar un arma muy poderosa tanto al sector público como al privado para recortar salarios, abaratar despido individual y colectivo, suspender contratos, desregular las condiciones de trabajo (jornada, horarios, movilidad geográfica y funcional) de los empleados. Son las bondades de la tan anunciada Reforma Laboral.

 

No obstante, el Banco de España lleva muchos años recortándonos nuestros salarios por permitir nuestra inclusión como colectivo dentro de la Ley de Presupuestos como puedes ver en el siguiente gráfico.

 

La apuesta del Gobierno para estar en el grupo de cabeza de Europa es clara: empeorar las condiciones salariales y laborales de los ‘afortunados’ que tenemos empleo (por supuesto, al margen de la negociación colectiva), para crearlo para los que no lo tienen, abaratando salarios a todo el mundo para que nuestros productos sean más competitivos en el mercado, empobreciendo conscientemente a todos los trabajadores asalariados.

Dos preguntas al aire: ¿Cuántos directivos de entidades financieras nacionales e internacionales se han sentado ante un tribunal por sus delictivas gestiones que han provocado la crisis financiera? ¿Qué es lo que han hecho nuestros Gobiernos para velar porque no se produjera la especulación inmobiliaria (mal endémico de nuestro país) tal como recoge nuestra Constitución?