Desde el anuncio unilateral del Banco del cierre de las sucursales de Ceuta, Melilla, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Santander y Toledo en el mes de noviembre pasado se han producido varias reuniones ‘informales’ con un resultado frustrante. El avance ha sido nulo. Lo que acrecienta la preocupación de los empleados afectados, con un futuro incierto a partir del próximo 31 de mayo.

Las razones que esgrime la Comisión Ejecutiva para justificar el cierre de las mismas se nos antojan bastantes pobres. Bajo la premisa de optimizar recursos o ser más eficientes sólo se esconde una política errática de recursos humanos, un afán privatizador de funciones que deberían mantenerse dentro de la función pública y la necesidad de trasladar a la ciudadanía que nuestra institución también se aprieta el cinturón en estos momentos económicos tan difíciles por los que atraviesa nuestro país. Y por primera vez, aunque el Banco se negase hasta ahora a reconocerlo, aparece en sus justificaciones la palabra COSTE. Este concepto, ajeno por completo a la prestación de servicios públicos, sirve aquí para justificar la supresión de los que se venían prestando por el Banco de España a la ciudadanía.

La semana pasada, el Banco ha dado el pistoletazo de salida a la negociación de verdad. La Ley nos obliga a ambos a llegar a un acuerdo en el plazo de un mes. Este proceso nace viciado, por el incumplimiento por parte del Banco del acuerdo de cierre de sucursales de 2002, y porque el Banco utiliza a los trabajadores de las siete sucursales que ha decidido cerrar como moneda de cambio.

Aún con este panorama, nuestra sección sindical va a ser sensata y responsable, por eso queremos un acuerdo negociado. Es difícil, pero por complicado que parezca, confiamos en la madurez de todos, Banco y Sindicatos para conseguirlo. Si Gobierno, Patronal y Sindicatos han sido capaces de llegar a un Pacto Social en materia de Pensiones y Empleo, algo que se veía muy complicado tras la última Huelga General, ¿no vamos a ser nosotros capaces de lograrlo?