El Banco de España emitió ayer una nota de prensa por la que hacía pública su decisión de cerrar siete sucursales, de las veintidós que mantiene abiertas en la actualidad. Este cierre se encuadra, según indica, en un proceso de restructuración de la red de sucursales, del que sería la tercera fase, y cuyo fin último sería, según se deduce de la nota informativa, la desaparición de todas las sucursales, con “el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y humanos de que dispone” el Banco.

En la nota se fundamenta la decisión en una supuesta mejora en la eficiencia de la operativa con las entidades de crédito, dejando como un servicio “menor” el ofrecido al ciudadano.

No deja de ser llamativo que en tiempo de crisis, en que una parte de la ciudadanía siente desamparo ante el proceder de las entidades de crédito, el garante del correcto funcionamiento de éstas se aleje del ciudadano de a pie. Distanciamiento que a partir de junio próximo se plasmará, en las ciudades en que dejará de tener presencia,  en que el trato con los ciudadanos va a ser “a través del correo postal o de Internet”, lo que llama “cauces alterna-tivos”, menos inmediatos, menos asequibles y me-nos directos que los existentes en este momento ¬¬–lo que va a suponer que una parte de la población, la más desasistida, se quede sin cauces reales para obtener los servicios del Banco de España. Por ejemplo, el canje de pesetas a euro, que sólo se puede realizar en las dependencias del propio Banco. Se ve que, para los responsables del Banco, la eficiencia en el uso de los recursos en lo referente a aproximar el Banco al ciudadano se limita a montar periódicamente exposiciones de billetes en su sede central en Madrid, a la vez que se dictan normas y procedimientos que limitan más y más la operativa directa del ciudadano con el Banco, remitiéndolo a la banca privada.

Lo cierto es que, sistemáticamente, se vienen derivando funciones, con sus correspondientes recursos, del sector público al privado con “la misma calidad y coste que el vigente hasta el momento actual”, tal como indica la propia nota en relación a Ceuta y Melilla, lo que claramente contradice el objetivo que manifiesta el Banco perseguir, pero no siempre con la misma proximidad al ciudadano.

Todo ello, sin olvidar, que esa pretendida eficiencia en la gestión de lo público pasa por contratar como asesor para el proceso negociador a uno de los laboralistas más caros de España, Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, teniendo el Banco Servicios Jurídicos propios.