El pasado 15 de febrero apareció en “Cinco Días” una noticia sobre la posible fusión de los servicios de liquidación de renta fija y variable, para la creación de un depositario único en España que centralice todas las operaciones de compensación  y liquidación de valores.

En la actualidad, la liquidación de la renta fija pública es tarea de la Central de Anotaciones del Banco de España, mientras que la renta fija privada y la variable se centralizan en el Servicio de Compensación  y Liquidación de Valores, presidido por Raimundo Ortega. El resultado de la fusión sería la creación de una sociedad única, para lo cual existe ya un protocolo que, siempre según “Cinco Días”, estaría a punto de firmarse.

La creación de esa sociedad supondría la segregación del banco de los trabajos que actualmente realizan, al menos, la Central de Anotaciones y el Servicio de Liquidación, y afectaría a un número de trabajadores que podría acercarse al centenar.

La noticia no ha sido aún confirmada por el Banco, pero parece que responde a la realidad. Hasta el momento, no existe información adicional acerca de la posible participación del Banco en dicha sociedad, o sobre las consecuencias que la segregación tendría sobre los compañeros que actualmente desempeñan esas tareas.

No puede esconderse la trascendencia de este asunto, ya que podríamos estar ante el comienzo de un proceso de segregación de funciones. Como el propio “Cinco Días” afirma, el protocolo a firmar “supondrá, en cierto modo, una forma de ‘privatizar’ el servicio de compensación y liquidación de la deuda pública, puesto que no dependerá del Banco de España”. Sin embargo, no puede asegurarse nada a la vista de la escasa información de que disponemos. A pesar de todo, este asunto será uno de nuestros puntos de atención en las próximas semanas.

Con bastante retraso sobre lo previsto, los compañeros que solicitaron a FORCEM la financiación de sus permisos individuales de formación están recibiendo estos días la respuesta , que en la casi totalidad de los casos está siendo afirmativa.

Recordamos que estos permisos consisten en 200 horas libres durante el año, y que se conceden para seguir estudios que conduzcan a la obtención de un título académico oficial. Pueden utilizarse tanto para asistencia a clases como para estudio (con lo que puede solicitarlos quien esté realizando estudios en la UNED, por ejemplo). Su utilización no supone merma económica alguna, ya que FORCEM cubre el coste de dichas horas.

El permiso individual de formación supone una importante ventaja para todos aquellos que quieran mejorar su formación. Os animamos a que vayáis pensando en solicitarlo para el próximo curso lectivo.

El pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 39/1999, de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Los aspectos positivos más novedosos de la ley son los siguientes:

La ley, publicada en el BOE del 6/11/99, puede consultarse en línea en la aplicación “BOE” de la red Windows NT.

 

Para CC.OO., la información que el Gobierno está ofreciendo sobre el nuevo IRPF, la obligación de declarar y la posibilidad de conseguir la devolución de las retenciones pagadas en exceso es engañosa.

El impuesto no se simplifica, sino que se hace más complejo para cinco millones de trabajadores excluidos de la obligación de declarar. No existe información suficiente sobre el plazo que éstos tienen para solicitar la devolución del exceso de retenciones (febrero y marzo), lo que limita los derechos de los trabajadores afectados y el método utilizado por Hacienda para comunicar la posibilidad de solicitar la devolución de las retenciones es confuso, ya que envía cartas a numerosos contribuyentes que sí están obligados a declarar y no hay garantías de que informe a todos los afectados.

CC.OO. considera que el sistema de impuestos inaugurado con la reforma del IRPF es injusto. Se han encarecido los impuestos al consumo, que gravan más a quienes perciben rentas más bajas, y la reducción de ingresos del Estado perjudica a aquellos sectores que necesitarán, a corto o medio plazo, utilizar los servicios sociales. Son los sectores de mayor renta los que han visto más rebajadas sus cargas fiscales. Por último, el Gobierno promete simplificar el impuesto y, sin embargo, impone trámites más complicados tanto a las empresas como a los trabajadores.

CC.OO. cree que la teórica ventaja de no estar obligado a declarar puede convertirse en un inconveniente para muchos trabajadores.

El actual sistema de retenciones prevé retenciones a cuenta excesivas para muchos contribuyentes. La retención se está calculando en exceso sobre todo a las personas que pertenecen a unidades familiares en las que sólo trabaja un cónyuge, las personas con hijos a cargo y las personas con contratos temporales e ingresos inferiores a 1.250.000 pesetas anuales. Todos estos colectivos tendrán, muy probablemente, derecho a devolución. Las personas obligadas a presentar declaración percibirán esa devolución como todos los años. El problema surge con los cinco millones de personas no obligadas a declarar.

Los trabajadores no podrán disponer de la información necesaria para saber si pertenecen al colectivo que puede optar por la devolución anticipada, ya que la Agencia Tributaria no dispondrá de la información de las empresas hasta el 20 de febrero, y las empresas y los bancos facilitarán los certificados de retenciones fuera de ese plazo.

La publicidad del Gobierno puede llevar a muchas personas con derecho a devolución a creer que es más ventajoso para ellos no hacer la declaración.

Ante esta situación, CC.OO. recomienda a los trabajadores que puedan estar afectados que busquen el máximo de información y asesoramiento posible y, sobre todo, que presenten, bien la solicitud de devolución, bien la declaración de la renta en el plazo ordinario.

Según informa“Expansión” en su número del 21 de febrero, el Partido Popular está decidido a suprimir el régimen de entidades colaboradoras con la Seguridad Social si gana las próximas elecciones.

El pasado día 17, Rodrigo Rato intervino en la Asamblea de la patronal madrileña CEIM, en el curso de la cual explicó a los empresarios el alcance de esta medida.

Para el PP, la asistencia sanitaria de los beneficiarios actuales de este régimen (entre los que nos encontramos los trabajadores del Banco de España en Madrid) debe prestarse a través del Sistema Nacional de Salud. En caso de que las empresas quieran mantener una asistencia sanitaria suplementaria a sus empleados, el actual Impuesto de Sociedades prevé una desgravación del 35% de la póliza sanitaria de sus empleados.

Lo que Rato evita mencionar es que acabar sin más con las entidades colaboradoras significaría sobrecargar la red de asistencia sanitaria del Insalud con 800.000 nuevos usuarios, sin que parezca que se haya previsto la dotación de recursos humanos y materiales para hacer frente a esa avalancha. De esta manera la calidad de la atención en la red pública se vería seriamente afectada, introduciendo nuevos alicientes para apuntarse a una aseguradora privada como Sanitas, Adeslas y similares.