El Gobierno rompe un acuerdo y quiebra la confianza y la buena fe de quienes optamos el 25 de septiembre de 2009 por dar un paso responsable y recuperar el valor del dialogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica.

Y lo hacen bajando el salario de todas las personas que trabajan como policías, jueces, personal adscrito a la Administración de Justicia y a los centros penitenciarios, el personal de los servicios sociales y de la dependencia, de los organismos de investigación, enfermeras, médicos, personal auxiliar de los hospitales y centros de salud, maestros, profesores, y profesionales de la educación, entre otros y como no, a los que trabajamos en el Banco de España.

Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta por los negociadores.

Los únicos parámetros que han variado se derivan de la presión de los que generaron la crisis influyendo y controlando las políticas económicas de los países para evitar que se avance en una senda de mayor transparencia y mayor control de los sistemas financieros.

Esto se ha concretado en la puesta en marcha, en nuestro país, de un plan de austeridad cuyos criterios han sido rechazados por los sindicatos.

En definitiva, ganan los mercados pierde la democracia.

Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles, y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis, sin que hasta el momento se hayan tomado iniciativas para recortar otra serie de gastos de muy difícil justificación en la situación actual como los sobresueldos de los altos cargos, obras innecesarias, etc.

Con ello, el Gobierno ha elegido para la salida de la crisis un profundo cuestionamiento de las relaciones laborales poniendo asimismo en cuestión lograr un nuevo modelo de crecimiento económico más sostenible y socialmente justo.

Así hace recaer el coste de la crisis sobre quienes ni la han generado ni siquiera se han caracterizado por beneficiarse de ella: empleados y empleadas públicas de este país y los pensionistas. Sin olvidar las limitaciones que se han impuesto durante años al incremento de sus salarios y de las pensiones que, en el mejor de los casos, han igualado la inflación.

Hay que tener en cuenta además que estas medidas producirán una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1000€ mensuales y que, sin lugar, a dudas incidirá sobre el incipiente crecimiento económico.

Estas medidas no garantizan que no se vayan a plantear en breve nuevos y dramáticos recortes que pueden acabar afectando a la totalidad de los servicios públicos, que Gobierno y sindicatos, habíamos pactado modernizar y mejorar para unos servicios más eficaces y eficientes y más necesarios para la ciudadanía en esta coyuntura de recesión y dificultades.

Servicios y sector público que una vez más sufre un recorte o una reducción brutal con las evidentes repercusiones sobre la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios que se prestan a nuestra ciudadanía, abriendo una nueva puerta a las ansias privatizadoras de la derecha económica y política española y europea.

El Gobierno ha incumplido el procedimiento pactado con las organizaciones sindicales en el Acuerdo del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, por lo que aún hoy desconocemos el desglose de las medidas, pese a la adopción en la Mesa General de Negociación del compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo más allá del 2011.

CCOO llama a la movilización general de los empleados y empleadas del sector público, habiendo acordado con UGT y CSIF la convocatoria de concentraciones y manifestaciones de carácter provincial el 20 de mayo, y un paro general de 24 horas el 8 de junio.